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Opinión: CARLOS J. GALÁN: ''Corrupción y partidos políticos''
Escrito el Martes, 24 noviembre a las 00:00:00 |
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Más de medio centenar de instituciones locales y autonómicas afectadas y más de ochocientos imputados en el año 2009. De nuevo la corrupción política acapara portadas en los medios de comunicación, si es que alguna vez dejó de hacerlo. Y llevamos ya demasiados años y demasiados casos como para que los grupos políticos sigan esperando a que escampe o a que le toque al otro.
Parece que, si de verdad les preocupa –que me temo que no- sería hora más que cumplida de abordar con cierta seriedad un problema que les ha salpicado a todos durante décadas.
Un partido, ¿tiene la culpa de que le surja un corrupto en su seno? En principio, no. Ninguna administración, empresa, organización o entidad de cualquier tipo puede garantizar de forma absoluta lo contrario: que nunca tendrá un aprovechado dentro. Está en la naturaleza humana: gente sin escrúpulos, como gente honrada, la habrá en todas partes. Entonces, ¿qué responsabilidad tiene un partido respecto a la corrupción de sus integrantes?
Para empezar, obviamente la de no ser partícipe de la misma. Una cosa es que una organización albergue involuntariamente un corrupto y otra es que el propio partido como tal organice, tolere, ampare o conozca una trama de corrupción o se beneficie de la misma. El caso Filesa sería un claro ejemplo de esto último: las personas condenadas por delito fiscal y por falsedad documental (recuerden: la multimillonaria facturación, ejecutada a través de una red empresarial ad hoc, de informes inexistentes a grandes empresas, presumiblemente a cambio de favores gubernamentales) no trabajaban pro domo sua, sino para financiar al partido del que formaban parte.
Pero si nos centramos en aquellos casos en los que los corruptos lo son en su propio beneficio, el partido es responsable, a mi juicio, fundamentalmente de dos cosas: primero, de establecer controles para prevenir la corrupción; y, segundo, de reaccionar adecuadamente cuando se detecta que se han producido episodios de esta índole.
En España, creo que en los partidos no existen controles. Tal vez no se ha querido que existan. O, si los hay, es evidente que no funcionan: desde que tengo uso de razón, jamás, ni una sola vez, ni una sola, he tenido como ciudadano la más remota noticia de que un grupo político haya descubierto a un corrupto en su seno y haya actuado motu proprio contra el mismo, expulsándole públicamente y denunciándolo ante la justicia en una actitud ejemplarizante. Todos y cada uno de los casos de corrupción que hemos conocido le habían pasado desapercibidos significativamente al partido de turno, es decir, a quien más cerca los tenía, y siempre han sido descubiertos o denunciados por otros: por un tercero afectado, por el partido contrario, por un medio de comunicación, por la policía, por los jueces…
Y las reacciones de los partidos en cuestión siempre al destaparse cualquier irregularidad han distado de ser ejemplares. Al igual que en la gestión política, también ante la corrupción mantienen un discurso sectario, de doble rasero, intercambiable entre ellos: son tremendamente exigentes cuando se descubre en el grupo rival y tremendamente contemporizadores cuando aflora en su propio seno.
El PSOE negó mil y una denuncias antes de ir rindiéndose a las evidencias (RENFE, BOE, Cruz Roja, Roldán…), puso la mano en el fuego por Mariano Rubio, ofreció –sin cumplirlo luego- dos por uno en el caso Juan Guerra, acompañó a la puerta de la cárcel a los organizadores del GAL y saqueadores de fondos reservados y les dio un abrazo solidario mientras arremetía contra el poder judicial…
En el PP, tras escaparse por los pelos del caso Naseiro por un defecto sustancial de forma en la instrucción, la estrategia reciente ha pasado por poner el foco en sucesivas cuestiones colaterales, a veces con justificación y a veces sin ella, pero siempre con el ánimo de distraer la atención del problema central.
Así, en lugar de hablar de la vergonzosa trama Gürtel y todo lo que implica, hemos hablado durante meses de las cacerías de Bermejo, de la recusación de Garzón, de la colocación de esposas a los detenidos, de las filtraciones de los sumarios, del mayor o menor acierto de la regulación penal del delito de cohecho impropio, de la ilegalidad o no de las escuchas del Sitel… No digo yo que algunas de estas cosas no sean cuestiones importantes –que lo son-, pero resulta claro que el PP las ha utilizado como cortina de humo para que el debate político, la atención mediática y la opinión pública no se centrasen en una trama corrupta que le afecta muy de lleno.
El mensaje que todos los partidos deberían lanzar ante un caso de corrupción, sin perjuicio del respeto a la presunción de inocencia, es el de “no toleramos que se haga y el que lo hace no puede estar entre nosotros”. Pero el mensaje que lanzan implícitamente, el que los corruptos pueden percibir a tenor de su comportamiento, es muy distinto, algo así como “haz lo que quieras pero ten cuidado y no comprometas al partido”.
No entiendo que Unión Progreso y Democracia o Izquierda Unida no hayan salido a la palestra abanderando un plan de medidas sensatas y efectivas contra la corrupción. Sí, ya sé que el PP se ha adelantado a poner sobre la mesa un planteamiento de ese tipo. Pero los conservadores tienen dos problemas graves. El primero, de credibilidad. ¿El partido que arropó como una banda de hooligans a Camps diciendo ahora que hay que prohibir la recepción de regalos? ¿El PP proponiendo medidas de contratación pública radicalmente opuestas a lo que viene por sistema practicando en todas las comunidades autónomas y gobiernos que ostenta? Y el segundo problema es de seriedad: la corrupción no se combate publicando en internet las actas de los plenos municipales y vacuidades así, hay que tomársela en serio. Otro tanto le pasaría al PSOE.
Por eso digo que no acabo de comprender por qué un grupo político emergente como UPyD (que se ha presentado como defensor de la regeneración) o IU (formación veterana, pero muchísimo menos afectada por este fenómeno, incluso si lo consideramos en proporción a sus cuotas de poder, que el resto) no sean quienes hagan suya una causa que los dos macropartidos intentarán lidiar como llevan haciendo durante años: con una faena de alivio, con más ruido que nueces, esgrimiendo el “y tú más” y sin ir al fondo del problema. Las minorías, en combinación con la presión ciudadana y de algunos medios, podrían servir como ese necesario contrapeso que obligue a los grandes a no seguir mirando hacia otro lado.
Y aviso para navegantes: siempre que los grandes partidos han pretendido convencernos de que iban a afrontar la corrupción, han aprovechado para cobrarse un precio. Me explico: el diagnóstico tradicional de PP y PSOE –también de CiU en Cataluña- es que algunos episodios de corrupción –fundamentalmente el cobro de comisiones- respondían a una situación de supuesta insuficiencia en la financiación de los partidos políticos. Esto lo reconocían sin que se les cayera la cara de vergüenza. Y acababan no por recortar de común acuerdo gastos de sus irracionales, mastodónticas e innecesarias campañas electorales, sino por articular mecanismos para embolsarse cada vez más dinero público.
Como escribía recientemente un periodista, eso recuerda a la tradicional frase de “es triste pedir, pero más triste es robar”. El problema es que en este caso los que se consideran a sí mismos indigentes, después de pedir -y obtener- seguían luego robando.
Pueden y deben adoptarse reformas normativas para inyectar rigor a la contratación pública, para establecer mecanismos más efectivos de fiscalización administrativa, para fomentar la transparencia, para meter mano al negocio del urbanismo depredador… Pero no todo se soluciona siempre con nuevas leyes.
En muchos aspectos sería ya un avance sustancial que los propios partidos se aplicaran el cuento: que hicieran un esfuerzo sincero por imponer cierto ambiente de limpieza en sus filas, por instaurar controles internos, por lanzar mensajes inequívocos al interior y al exterior, por atender los informes del Defensor del Pueblo y del Tribunal de Cuentas, por no seguir jugando durante años a no enterarse ante alcaldes de los que es vox populi que están metidos de lleno en el fango de los pelotazos inmobiliarios, por no vivir instalados en una especie de do ut des cómplice donde, mientras ningún tercero dé a conocer el caso, todos parecen emular al ciego del Lazarillo: sospecho que el partido rival debe de estar comiendo las uvas de tres en tres porque yo las como de dos en dos y él calla.
Carlos Javier Galán
Abogado, ex concejal de El Hoyo de Pinares (Ávila) y autor del blog La nota discordante.
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